Notas editoriales

Los hasta 12 mil 500 dólares de incentivos fiscales que pretende otorgar el gobierno de Estados Unidos a las personas para adquirir vehículos eléctricos último modelo, bajo el pretexto de reducir los contaminantes producidos por combustibles fósiles, esconden un verdadero propósito: fortalecer a su industria frente a China, desafortunadamente en detrimento de sus socios comerciales en Norteamérica, pues impulsa la adquisición de automóviles con mayor contenido nacional.

El próximo 13 de diciembre es la fecha límite para que el Senado de Estados Unidos apruebe la iniciativa Build Back Better Act, proyecto encaminado a que en 2030 se logre que la mitad de los vehículos comercializados en la Unión Americana sean eléctricos.

De esta manera, una vez aprobada la propuesta, la población estadounidense podrá acceder a un bono de 7 mil 500 dólares para comprar un auto que funcione con baterías en lugar de hidrocarburos.

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Sin embargo, dicho estimulo económico podría fortalecerse con otros 4 mil 500 dólares en caso de que los vehículos sean ensamblados en fábricas donde los empleados cuenten con un contrato de trabajo negociado por un sindicato que los represente.

Ahora bien, existe también un apoyo adicional para quienes estén dispuestos a comprar un último modelo eléctrico, pues si las baterías con las cuales funciona fueron fabricadas con al menos 50% de componentes de origen estadounidense, entonces recibirán otros 500 dólares.

Con semejante apoyo gubernamental y los planes de financiamiento que existen en el mercado norteamericano, se vislumbra que la comercialización de la mayor parte de los vehículos en los próximos ocho años corresponda a unidades fabricadas localmente.

Tormenta a la vista en la bola de cristal

El efecto de esta iniciativa pudiera ser devastador para la industria automotriz en México y para su cadena de proveeduría regional en virtud de que la mayor parte de lo producido tiene como principal destino Estados Unidos.

Aunque ya se está trabajando en la transición de las líneas de producción y compañías como Ford México y General Motors han comenzado a ensamblar algunos modelos eléctricos en el territorio azteca, como el Mustang, lo cierto es que los escasos esfuerzos quedan por debajo de la demanda requerida por su vecino del norte.

Otro punto de desventaja es que en México los sindicatos de trabajadores del sector automotriz experimentan una crisis de identidad, pues sus afiliados se encuentran en la búsqueda de una nueva manera de ser representados para aspirar a salarios similares a los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En lo referente a los componentes de las baterías —en su gran mayoría de litio—, el sector automotriz mexicano también se encuentra en pañales y requerirá de cierto tiempo para comenzar a fabricarlas.

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En suma, los tres apoyos ofrecidos en Estados Unidos a corto plazo tendrían afectaciones sin precedentes para México, donde el ensamble de vehículos y autopartes representa alrededor de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el 20% del PIB industrial y el 25% de las exportaciones; esto sin contar el millón y medio de empleos directos e indirectos que genera.

En un escenario extremo, en los próximos años varios fabricantes estadounidenses regresarían sus plantas hacia la Unión Americana, lo cual pondría fin a los miles de millones de dólares que anualmente fortalecen a las arcas de la federación y dejaría en desamparo a la mano obra calificada que hoy se presume en diversas factorías.

Para aquellas compañías que no logren modificar su producción a tiempo solo les restaría trabajar para el mercado nacional y quizá para otras latitudes con menor velocidad en cuanto al reemplazo de sus vehículos por modelos eléctricos. No obstante, desde hace cinco años la comercialización de unidades en México se ha desplomado, mientras que la venta de modelos híbridos no despega y la de unidades eléctricas apenas está dando sus primeros pasos.

¡Mexicanos al grito de guerra!

Al detectar la amenaza que implica para su sector, dirigentes de organizaciones y hasta políticos han decido cerrar filas para tratar de hacerle frente a la iniciativa Build Back Better Act.

Tatiana Clouthier Carrillo, secretaría de Economía, fue de las primeras en señalar que lucharán para que no haya afectaciones en las empresas mexicanas.

"Defenderemos los intereses de nuestra nación y de la industria automotriz. Tocaremos todas las puertas necesarias haciendo un llamado a través de los mecanismos T-MEC para que conozcan las repercusiones que pudieran tener la aprobación de la iniciativa en el Senado estadounidense", señaló la burócrata recientemente.

Para Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la propuesta del vecino del norte resulta hasta discriminatoria.

Es una medida discriminatoria con la cual no estamos de acuerdo. Inversiones como la de General Motors de fabricar autos eléctricos en México hacia 2023 están en proceso y podrían verse afectadas.

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Por su parte, Alberto Bustamante, en su calidad de presidente ejecutivo interino de la Industria Nacional de Autopartes (INA), también rechazó la iniciativa.

“El incentivo fiscal es muy atractivo y eso lo hace peligroso”, advirtió.

Aunque todavía se desconoce la estrategia legal con la cual responderá México en caso de que se apruebe el fortalecimiento del sector automotriz en Estados Unidos, la idea de una posible imposición de aranceles para sancionar las operaciones con el vecino del norte ya ronda en el ambiente.